Miguel Ángel, camarero de profesión, se acogió este martes a su derecho a no declarar en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Manzanares (Ciudad Real), donde compareció para responder como investigado por un delito de falsedad documental después de que se solicitara una pericial caligráfica. Se le atribuye haber presentado ante la Guardia Civil un contrato falso firmado por él en la compraventa de una casita dentro de una finca del empresario Juan Miguel Isla, además de que hay conversaciones intervenidas con el tratante Antonio Caba que le comprometen.
La supuesta operación se habría rubricado en julio de 2022, cuando la víctima estaba desaparecida -apenas llevaba una semana- y cuyos restos óseos fueron hallados en marzo, aunque todavía se ha presentado en el juzgado el informe de la autopsia. De todos modos, por su muerte y por la del empresario Jesús María González Borrajo, el intermediario de compraventa de fincas Antonio Caba y el jubilado Gaspar Rivera están en la prisión de Manzanares (Herrera de La Mancha) hace más de siete meses.
Que la imputación de Miguel Ángel se amplíe, dependerá de informes que todavía debe presentar la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. De momento, el abogado de la esposa de Isla ha comunicado al juez de este caso, Raúl Sánchez, que pedirá que se le investigue también por el delito de homicidio como encubridor o cooperador. «Y yo me pregunto: si él sabía que tomaba posesión de una finca a nombre de alguien que llevaba apenas siete días desaparecido y todo gira en torno a una falsedad documental, ¿ya sabía que estaba muerto? Él dijo en julio que se había dejado liar», cuenta a ABC el letrado, Juan Manuel Medina. Por eso «a este señor quiero que se le investigue por un delito de homicidio o asesinato, además de un delito de estafa en grado de tentativa; ya veremos cuando tengamos los resultados de la autopsia y otros informes de la UCO», aventura.
Antonio Caba todavía no ha hablado. «La estrategia de echarla toda la culpa no va a funcionar. No ha testificado y no lo hará hasta que avance la instrucción más», afirma tajante a ABC su abogado, Rodrigo García, que ya lo ha comunicado al juez, a la Fiscalía y a las acusaciones particulares. «Faltan informes y estoy convencido de que va a haber más responsabilidades penales de terceros o cuartos. Tienen que caer más», asegura García, quien añade que trabajará para conseguir la absolución de su cliente en el crimen de González Borrajo y su imputación por homicidio en el caso de la muerte de Isla. «Si la autopsia no determina la causa de su muerte, puede que la calificación no se eleve a asesinato», pronostica el letrado.
«Hasta que no se conozcan los resultados de la autopsia, Caba no va a decir nada. Ahora, cuando hable, va a haber para todos, va a echar basura por todos los costados», predice Medina. Además, están los informes de la UCO que faltan y que profundizarán en «las posibles implicaciones del camarero, del hermano y de una tercera persona», añade el abogado. Se refiere, por ejemplo, al análisis de la pistola de 9 mm Parabellum que el hermano de Isla dijo que se la había entregado Caba, que la escondió en su casa y que depositó en un puesto de la Guardia Civil después de hallarse los restos óseos de Juan Miguel. «Ese arma, que se da por hecho que fue el del crimen, no estaba en una mesilla de noche, sino que el hermano había fabricado una estructura para ocultar en un retrete», señala Medina.
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