Después de algo más de una semana, las personas afectadas por el trágico incendio que se cobró la vida de tres niños y su madre en Vigo comienzan a saber qué va ser de ellos luego de que sus hogares fuesen quemados por las llamas, aunque desde las administraciones no hay consenso sobre a quién corresponde cada responsabilidad. Este miércoles la Xunta y el Concello de la ciudad han mantenido una reunión en la que han acordado firmar un convenio de colaboración para la financiación de soluciones habitacionales para las ocho familias; acto seguido, las representantes de sendas administraciones han mostrado su voluntad de ayudar pese a que, según han declarado ambas, esas competencias no son las suyas.
Al término de la reunión, la delegada del gobierno gallego en Vigo, Ana Ortiz, ha señalado en declaraciones a los medios que la Xunta quiere «tender la mano» al Concello ante esta «situación excepcional y compleja» ofreciendo financiación para dar con soluciones habitacionales y de acompañamiento a estas familias, pese a tratarse de una competencia municipal como son los Servicios Sociales, recoge Ep. Por ello, se ha acordado que a lo largo del jueves el gobierno local remita al Ejecutivo Autonómico la documentación de las personas afectadas para conocer sus necesidades y la situación particular de cada una, como si cobran o no alguna prestación pública, así como una reunión la semana que viene para concretar medidas.
«Hemos quedado en que nos iban a pasar los informes sociales de las ocho familias afectadas para que podamos estudiar cada caso concreto y cuáles son los recursos que desde la Xunta podemos aportar», explicó Ortiz. Así, la delegada territorial en Vigo aseguró que la «forma idónea» para que ambas administraciones trabajen codo con codo es mediante un convenio de colaboración, «a pesar de que las competencias son municipales». «Desde la Xunta estamos dispuestos a colaborar», ha sentenciado.
Viviendas de promoción pública
Por su parte, la concejala de Bienestar Social de la ciudad olívica, Yolanda Aguiar, ha agradecido en un audio difundido a los medios de comunicación después de la reunión que la materia de vivienda es «exclusiva» de la Administración autonómica, por lo que el Concello reclama que adjudique viviendas de promoción pública a las ocho familias afectadas.
Aguiar ha agradecido en un primer momento que «por fin» la Xunta aceptase «la invitación del Concello de Vigo para buscar soluciones» a la situación de estas familias en una reunión que, tal y como destacó, transcurrió en un ambiente de «máxima cordialidad» y con clara vocación por parte de ambas administraciones de encontrar una solución. Con todo, recordó que la materia de vivienda es «exclusiva» del Ejecutivo autonómico, por lo que, según refleja el Estatuto de Galicia, «es la Administración la que debe buscar una solución residencial a estas familias», algo que «siempre y en todo caso» será con el acompañamiento de los Servicios Sociales municipales a lo largo todo el proceso.
En este sentido, la concelleira viguesa ha puesto de manifiesto que la administración municipal «ha hecho saber» a la Xunta que la Lei 8/2012 de Vivienda de Galicia le permite «la adjudicación directa de viviendas de promoción pública en régimen de alquiler en situaciones extraordinarias» como la actual. En este aspecto, ha puntualizado que todo esto se ve agravado al tratarse «de un colectivo profundamente estigmatizado» como es la etnia gitana, por lo que estas familias tendrían «muchas dificultades para acceder a una vivienda del mercado libre».
Por todo ello, ha insistido en que existen «mecanismos» que la Xunta, «en el ámbito de sus competencias», puede emplear para adjudicar una vivienda de promoción pública en régimen de alquiler a estas familias. «Se han barajado distintas opciones, y hemos concretado una reunión para la próxima semana de modo que el IGVS tenga tiempo para analizar el stock de vivienda que tiene disponible y se valore la solicitud del Ayuntamiento de Vigo de adjudicación directa«, ha concluido.
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