Repsol ha anunciado que está dispuesto a encontrar «alternativas» de inversión fuera de España si no hay estabilidad fiscal para hacerlo en nuestro país, lo que se traduce en una dura crítica al acuerdo de coalición presentado por el PSOE y Sumar, que se han comprometido a mantener el impuesto especial a las energéticas. Repsol no sólo lo ve como una amenaza a sus proyectos industriales, sino como una invitación a favorecer a multinacionales importadoras que ni crean empleo en España ni generan aquí una actividad económica relevante.
Repsol ha obtenido un beneficio de 2.785 millones de euros al cierre del tercer trimestre de este año, un 14 por ciento menos que en 2022, y el ‘impuestazo’ acordado por el Ejecutivo no contribuye precisamente a tranquilizar al sector. Prueba de que la incomodidad de las energéticas va en aumento fue la rápida reacción de Nadia Calviño exigiendo respeto para el Gobierno en un momento en el que el PNV –el consejero delegado de Repsol es Josu Jon Imaz, antiguo líder de los nacionalistas y de notable influencia en el partido– aún no ha avanzado su ‘sí’ a la investidura de Pedro Sánchez.
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