Ya son varios los artículos en prensa en los que por parte de dirigentes del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana (me niego a denominar PV) transmiten la advertencia de que la eliminación del Impuesto de Sucesiones es «el regalo fiscal de 350 millones de Mazón a las grandes fortunas» o que «compromete la viabilidad económica de los servicios públicos».
Estas manifestaciones son totalmente falsas y forman parte de un discurso caduco y en contraposición de las directrices socialdemócratas de otros países europeos (Noruega, Suecia, Portugal, entre otros), donde las rebajas fiscales se están implantando como un objetivo político para la mejora del bienestar económico de la mayoría de los ciudadanos de clase trabajadora. Como decía Olof Palme: «En su partido trabajan no para que hayan menos ricos, sino menos pobres»
También quisiera recordarles que gobiernos socialistas en otros territorios autonómicos, como el andaluz, cuando estaba de consejera de Economía la actual ministra de Hacienda, Dª M Jesús Montero, no solo se incrementó las bonificaciones, sino también las reducciones hasta 1.000.000 de euros para descendientes y ascendientes directos. ¿Ella entonces no hacía regalos a los grandes patrimonios?
Todo ello sin aclarar qué se entiende como grandes fortunas. Son frases demagogas que no tienen sustento pues nunca se han concretado. Según el Libro Blanco para la Reforma Fiscal en España del Instituto de Estudios Económico» se entiende que una persona es rica cuando cuenta con un patrimonio superior a 895.000 euros, habiendo en España unas 900.000 y en la Comunidad Valenciana unas 94.400, de las que 900 pueden fallecer anualmente.
¿Me quieren decir señores socialistas que los 350 millones que dicen que se van a reducir de las arcas autonómicas valencianas serían pagados por estas personas? Pues va a ser que no, si tenemos también en cuenta que las ‘grandes fortunas’ (a partir de 4,47 millones de euros, algo menos de 8.000 en la Comunidad Valenciana) prácticamente están exentas del pago del Impuesto de Patrimonio.
Con la actual legislación, pendiente de modificar, heredar dos inmuebles suele acarrear tributar por Sucesiones. En cambio, heredar una empresa patrimonial con más de ocho inmuebles está bonificado al 99%. Los grandes patrimonios además cuentan con profesionales que les asesoran y la posibilidad de cambiar de residencia. Por todo ello, no van a ser los grandes beneficiados del incremento de las bonificaciones al Impuesto de Sucesiones. Van a ser, en gran medida, las familias de la clase media trabajadora, esas de las que dicen defender estos ‘políticos’.
También manifiestan que solo lo pagan los millonarios. ¡Mentira! Antes del 28 de mayo, si un hijo heredaba unos 355.000 euros pagaba 6.869 euros, aparte del impuesto de Plusvalía, el otro impuesto a la muerte. Si en ese patrimonio heredado no figuraba una vivienda habitual pagaba 22.201. El impuesto de Sucesiones ha sido un tributo que en los últimos años ha dañado la economía de la clase media principalmente.
Este incremento de bonificación, de momento, no va a afectar a los herederos de parentesco más alejados como los hermanos, sobrinos o parejas de hecho, que suponen un alto porcentaje de las actuales renuncias, ya que tienen que hacer frente a altas liquidaciones tributarias, que en algunos casos se pueden considerar confiscatorias, pues pueden superar el 81,6%.
Con una masa hereditaria de 355.000 euros, como el caso anterior, este colectivo paga como mínimo 111.019. Estos, desgraciadamente, si no renuncian a la herencia, van a seguir pagando grandes cantidades, y por lo tanto las bonificaciones no alcanzarán los 350 millones como denuncian los representantes del partido socialista.
Otro argumento que utilizan asiduamente para confundir es que «el actual gobierno de la Generalitat gobierna para la minoría y perjudica a la mayoría». Quisiera recordarles que los impuestos a la muerte son rechazados por el 72,7 % de los españoles, según una reciente encuesta realizada por el propio Ministerio de Hacienda, declarando que están muy o bastante de acuerdo con la afirmación de que deberían de desaparecer.
Tampoco es cierto que el incremento de la bonificación impactará negativamente en los servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación o las inversiones. El total del impuesto de Sucesiones representó en el ejercicio 2022 el 1,18 % del total de gastos de la Generalitat. Lo que les corre peligro son los 351 millones destinados a «gastos diversos» y transferencias para «colectivos». Para que se entienda; si trasladamos los números de la Generalitat al caso de una familia con unos ingresos de 28.500 euros anuales ¿correría peligro el pago de la hipoteca, la alimentación, los estudios de los hijos, la prima del seguro privado de salud o la compra de un nuevo coche si dejara de ingresar 350 euros al año? ¡Rotundamente no!
De la misma manera, estas bonificaciones no están impactando negativamente en todas aquellas autonomías donde llevan años aplicándola, con ratios de listas de espera, barracones escolares e inversiones mejores que los de la Comunidad Valenciana. La cuestión no es mantener una alta presión fiscal sino saber gestionar los recursos económicos que aportamos los contribuyentes.
Aunque queda todavía recorrido, el actual incremento de la bonificación, aparte de atender a una demanda de la mayoría de los contribuyentes, supone una consolidación de lo establecido en la Constitución respecto a los principios de igualdad y progresividad, eludiendo la confiscatoriedad y teniendo en cuenta la capacidad económica del contribuyente.
Por todo ello, los mensajes y objetivos de los partidos políticos, incluidos los sociocomunistas, deberían ir encaminados a rebajas fiscales que beneficien a la verdadera mayoría de los ciudadanos, olvidándose de mensajes sin consistencia, demagogos y populistas, dejando ser repetitivos y cansinos en los mismos.
Antonio Garañena Cubes, presidente de la Asociación Contra el Impuesto de Sucesiones en la Comunidad Valenciana
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