Irónicamente, las mismas comunidades autónomas que Vox quería suprimir años atrás son ahora el principal balón de oxígeno de su líder, Santiago Abascal. Como resultado de las elecciones regionales del 28 de mayo, la formación derechista tiene ahora presencia en cinco Gobiernos de coalición con el PP -Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y Región de Murcia-. Este lunes, Abascal se ha reunido en Bambú, en la sede nacional del partido, con todos los vicepresidentes y consejeros autonómicos de sus filas, en un encuentro que le ha servido para tratar de espantar los fantasmas de crisis tras su retroceso en el Congreso.
El presidente de Vox ha evitado comparecer ante los periodistas y ningún portavoz del partido ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa, como sucede casi todos los lunes, tras las reuniones del Comité de Acción Política. La formación sí ha permitido ver en ‘streaming’ una intervención de Abascal en abierto que ha durado aproximadamente diez minutos. En ella, el dirigente conservador ha hecho una llamada a filas para aguantar frente a quienes «crean la atmósfera» de que el partido «cae en picado». Una falsedad, para él, equivalente a la que hace cuatro años decía que el proyecto de Vox no era «posible».
«La reflexión que quería compartir con vosotros es que estamos aquí contra todo pronóstico, contra todos los subvencionados, contra los que crearon la atmósfera de que Vox no era posible hace cuatro años y hoy crean la atmósfera de que Vox cae en picado», ha dicho Abascal, ante los vicepresidentes y consejeros que tiene Vox en los Gobiernos autonómicos: desde Juan García-Gallardo, vicepresidente de Castilla y León y primer miembro de Vox con asiento en un Ejecutivo regional, hasta Ignacio Higuero de Juan, que hace dos semanas sustituyó a la dimitida Camino Limia como consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural en Extremadura.
Abascal ha reivindicado cómo en 2018 se habían marcado la meta de presentarse a las elecciones europeas del 2019, conseguir al menos un eurodiputado y, a partir de ahí, comenzar a crecer. No obstante, el partido sorprendió en Andalucía con la irrupción de doce diputados autonómicos y después, en abril del 2019, conquistó veinticuatro escaños en el Congreso de los Diputados. En la repetición electoral de noviembre de ese año se disparó a los 52 diputados, convirtiéndose en la tercera fuerza nacional. Hoy, a pesar de que el 23J cayó a 33 representantes en la Cámara Baja, conserva más de tres millones de votantes y ese honorífico tercer puesto.
En agosto, la dimisión de Iván Espinosa de los Monteros, portavoz en el Congreso durante toda la legislatura pasada y uno de los rostros más reconocibles del partido, generó una convulsión interna sin precedentes. Por primera vez, afloraron públicamente voces críticas que cuestionaban el viraje de la formación hacia las posiciones más conservadoras, encarnadas por el vicepresidente Jorge Buxadé.
Hace dos semanas, el Tribunal de Cuentas emitió un informe en el que advertía a Vox de una posible multa por ingresos superiores a 330.000 euros sin justificar. A ello se sumaron la expulsión del partido del Gobierno local de Gijón, la renuncia de Limia como consejera y una reestructuración en la que Marta Castro dejaba de ser vicesecretaria jurídica para compartir la parcela, llamada ahora Coordinación Jurídica, con el vicepresidente Buxadé. Además, trascendió en paralelo que el diputado Juanjo Aizcorbe dejará de ser el gerente de la formación, aunque fuentes internas lo desvinculan completamente de las cuentas y garantizan que él comunicó su intención de asumir menos responsabilidades ya en mayo.
En cualquier caso, Vox niega cualquier crisis y achaca el runrún a una «atmósfera» creada interesadamente por los medios. Sobre su socio, el PP, Abascal ha recordado que quería seguir gobernando en solitario, a lo que estaba acostumbrado hasta sus experiencias de coalición con Ciudadanos, pero ha reivindicado que con Vox en los Gobiernos, a los españoles les va mejor. Como ejemplos ha señalado políticas de rebajas fiscales aplicadas ya en los Ejecutivos de PP y Vox, medidas «en favor de la libertad» en materia lingüística en Baleares -donde los populares dependen externamente de Vox- y en la Comunidad Valenciana, iniciativas para «proteger» a los hombres y mujeres del campo «frente a la Agenda 2030», así como el combate de «leyes ideológicas» como las de memoria histórica y del «adoctrinamiento» en las escuelas.
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